Por: DOMINGO MARTÍNEZ MATEO
Es importante resaltar, que dos procuradurías fiscales regidas por la mismas leyes y disposiciones reglamentarias, no obstante, trabajen dispares algunos procesos administrativos, qué decimos esto, voy a ejemplificar la famosa certificación de no sometimiento, que la procuraduría general de la república y dirección general de la policía nacional, exigen a la ciudadanía como uno de los requisitos para actualizar sus datos en el sistema de investigación criminal (SIC) y en el archivo central de investigaciones criminales, mejor conocido como solicitud de retiro de ficha.
A pesar, que la misión institucional del cuerpo policial, es mantener las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de sistemas planificados de prevención e investigación bajo la autoridad competente, para el control del crimen, el delito y las contravenciones, que permita salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, por lo que es necesario que cuente con una base de datos de todos los hechos criminógenos que se susciten en la República dominicana.
Ahora bien; es bueno resaltar, que aun así, carece de legitimidad para imponer fichas a ciudadanos involucrados en posibles hechos delictivos, ya que para estos fines, debe utilizar mancomunadamente el sistema del ministerio público, para evitar posibles errores y duplicidad de funciones, los cuales al final afectan a la ciudadanía, quizás de manera irreversible, porque debe agotar en la Policía Nacional el mismo proceso de retiro de ficha.
Porque esa responsabilidad, es exclusiva de la Procuraduría General de la República, ya que su misión radica en asegurar la persecución penal, en el ámbito de sus atribuciones, mediante la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, así como proveer los servicios jurídicos administrativos atribuidos por las leyes.
Es importante puntualizar, que para la mayoría de los abogados y ciudadanos comunes, es una odisea, ir a solicitar un servicio al palacio de justicia de la Charles de Gaulle, porque aun contando con un sistema informático automatizado, se deba esperar entre 10 a 15 días para emitir una certificación de no sometimiento u otra que el ciudadano solicite.
Respecto a la procuraduría fiscal del palacio de justicia del municipio Santo Domingo este. Es imposible que siendo ésta que realiza los sometimiento en asuntos penales, tenga que exigirle al ciudadano la presentación de esa misma certificación expedida por la coordinación de los juzgados de instrucción, para entonces la procuraduría fiscal de la Charles Gaulle emitirle la certificación de sometimiento a ese ciudadano y pueda realizar la solicitud de retiros de fichas, sea por procuraduría general de la república o dirección general de la policía nacional vía director jurídico.
Decimos la paradoja de la vida, porque la procuraduría fiscal del distrito nacional, para la emisión de la certificación de no sometimiento, solo le exige al ciudadano una consulta de casos, emitido ese mismo día por la coordinación de los juzgados de instrucción, a la mayor brevedad posible, donde esto merece ser aplaudible.
Resulta contradictorio que la procuraduría fiscal de la Charles de Gaulle, deba esperar un aproximado de 15 días que la coordinación de los juzgados de instrucción de esa jurisdicción, expida dicha certificación de no sometimiento, para utilizarla de soporte y poder emitirle una similar al ciudadano, es una paradoja, porque siendo el ministerio público el órgano investigador y acusador del estado, no cuente con un sistema automatizado que refleje sus actuaciones.
Que queremos decir, ese ciudadano quizás para entrar al mercado laboral u otras diligencias urgente, deba hacer ese proceso porque le exigen la certificación de no antecedentes penales y un sistema penal en pleno siglo XXI, era digital, ligado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), este cometiendo tales atrocidades, por esa duración descabellada que la procuraduría fiscal de la Charles de Gaulle, pueda hacerle la misma certificación a ese ciudadano, por estar a su merced de esa jurisdicción penal, o sea; valiéndose de ellos, pudiendo hacer por mutuo propio el trabajo que le corresponde.
Repito; la paradoja de dos procuradurías fiscales, las cuales son regidas por la misma normativa legal, pero ofreciendo servicios muy separados. Eso significa que se hace imperioso que la dirección administrativa del ministerio público, interceda para que los mismos puedan ser viabilizados con eficiencia y eficacia.
Porque es inconcebible; que un ciudadano al presentarse a una procuraduría fiscal a solicitar un servicio, no pueda ser atendido con los mismos parámetros unificados, donde esto puede reflejar incompetencia por parte de los representantes de atención al usuario.
Por lo que; hacemos un llamado a la Procuradora General la República, en la persona de la Dra. Miriam German Brito, para que puedan ser trazadas mejores políticas de asistencia ciudadana y todas las procuradurías fiscales del país trabajen unificada.
De igual modo; hacemos un llamado al Presidente de la Suprema Corte de justicia para que el sistema judicial dominicano se sensibilice ante esta situación estresantes que son realizadas de forma administrativa en las secretarías de los despacho judiciales del país.
Porque también los procesos penales son muy retardados, productos de la ineficiencia e ineficacia de muchas secretarías de despachos judiciales. Servicios que pueden ser ofrecidos en dos días, sean antojadizamente alargados, con repercusiones negativas en contra de la ciudadanía y concluyo diciendo, paradoja de dos procuradurías fiscales.
Polímata y divulgador científico dominicano
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