El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, envió este lunes a juicio de fondo a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas a decenas de afectados durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril de 2025.
El magistrado adoptó su decisión tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que deben ser debatidos en un juicio de fondo.
Ademas, el juez acogió la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas como establece el Ministerio Público en la acusación contra los hermanos Espaillat.
Rechazo revocar la medida de coerción a los hermanos Espaillat, porque no han faltado a su proceso, mientras que ordeno la inmovilización de los bienes de los acusados que incluye las cuentas bancarias.
La decisión fue tomada luego de que examinara la acusación presentada por el órgano persecutor, que sostiene que los imputados actuaron con negligencia, pese a tener conocimiento de las irregularidades estructurales que presentaba el techo de la discoteca Jet Set. Como consecuencia del colapso, más de 200 personas perdieron la vida y otras resultaron heridas.
El juez verificó que las pruebas fueron obtenidas conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Según el Ministerio Público, los acusados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de estar al tanto de los graves problemas estructurales que afectaban el techo del establecimiento.
Estas fallas habrían quedado evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas entre empleados del centro nocturno.
Las investigaciones también indican que los propietarios sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis unidades de aire acondicionado con un peso de entre 15 y 20 toneladas cada una, además de tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que garantizaran la capacidad de carga del edificio.
De acuerdo con la acusación, estas acciones se sumaron a los desperfectos estructurales de la edificación, provocando el colapso del techo y la tragedia que dejó cientos de víctimas atrapadas bajo los escombros.
Asimismo, el juez acogió el peritaje presentado por el Ministerio Público para que sea debatido durante el juicio de fondo y autorizó a los abogados de la defensa a presentar sus argumentos y pruebas en el proceso judicial.
