Por: Manuel Ortiz
En los últimos meses, el gobierno del presidente Luis Abinader se ha visto sacudido por una serie de escándalos y denuncias de presunta corrupción que involucran a funcionarios e instituciones públicas. Entre los casos más mencionados figura el de SeNaSa, al que se suman señalamientos contra entidades como el Ministerio de Agricultura, Promipyme, el Banco Agrícola y el Ministerio de Medio Ambiente.
Diversos sectores de la sociedad han elevado sus preocupaciones sobre estas situaciones, alegando irregularidades en el manejo de recursos públicos y supuestos favoritismos políticos. Sin embargo, también cuestionan que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental no haya respondido con la contundencia esperada ante estos reclamos.
Este escenario se produce además en medio de la incertidumbre económica que atraviesa la República Dominicana, derivada del impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, lo que ha intensificado las críticas sobre la administración y fiscalización de los recursos del Estado.
Corrupción con disfraz de “tasa cero” en el Banco Agrícola
El Banco Agrícola de la República Dominicana se encuentra en el ojo del huracán tras denuncias de distintos sectores que aseguran que, presuntamente, la entidad estaría utilizando préstamos a tasa cero para beneficiar a dirigentes y allegados del Partido Revolucionario Moderno.
Estas acusaciones han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de créditos, el uso de los recursos públicos y el manejo institucional de esa cartera financiera, que originalmente está destinada a apoyar a productores agrícolas y fomentar el desarrollo del sector.
Denuncias similares en Promipyme
De acuerdo con una denuncia a la que tuvo acceso Rincón Informativo, en Promipyme presuntamente se estarían utilizando prácticas similares a las señaladas en el Banco Agrícola.
Según las denuncias, dirigentes del PRM estarían obteniendo préstamos medianos y millonarios con mayor facilidad, mientras que pequeños y medianos empresarios enfrentan obstáculos al momento de solicitar financiamiento para emprender o expandir sus negocios.
Asimismo, los denunciantes aseguran que, presuntamente, algunos procesos de aprobación de préstamos se agilizan a cambio de pagos irregulares, lo que ha generado preocupación entre sectores empresariales y sociales que exigen mayor transparencia en el otorgamiento de estos recursos.
Agricultura
De acuerdo con el comunicador Julio Martínez Pozo, el actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, designado en enero de 2026, no ha logrado consolidar su gestión al frente del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Según explicó, el funcionario ha enfrentado conflictos internos que habrían provocado la salida o distanciamiento de colaboradores cercanos, quedándose prácticamente sin su propio equipo de trabajo.
Asimismo, según diversas denuncias, en dicha institución podrían estarse produciendo situaciones incluso más delicadas que las señaladas en el pasado escándalo del Seguro Nacional de Salud. Estas acusaciones apuntan a posibles irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción, lo que ha generado preocupación en distintos sectores que demandan una investigación profunda y transparente.
Sobornos en Medio Ambiente
Este lunes, el comunicador Julio Martínez Pozo denunció en el programa El Sol de la Mañana que en dicho ministerio se estaría cometiendo actos ilícitos de niveles mayúsculos.
El comunicador sostuvo que el caso estaría vinculado a una estructura que operaba en el área de residuos sólidos, donde se estarían beneficiando mediante sobornos.
Según versiones que han circulado en distintos sectores, el caso habría alcanzado tal magnitud que incluso la vicepresidenta Raquel Peña habría intervenido, mientras que el ministro de la institución ha tomado como medida inicial la solicitud de renuncia de algunos funcionarios involucrados.
Sin embargo, estas acciones han generado cuestionamientos, ya que diversos sectores consideran que pedir renuncias no es suficiente ante la gravedad de las denuncias, que apuntan a la existencia de una presunta estructura que operaba en el manejo de los residuos sólidos, beneficiándose supuestamente mediante sobornos millonarios.