Tribunal ratifica que la pensión por sobrevivencia no puede negarse por falta de autorización del descuento del 2 %

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) valoró la Sentencia TC/1135/26, del 29 de octubre de 2026, mediante la cual el Tribunal Constitucional ordenó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda y Economía otorgar la pensión por sobrevivencia a la cónyuge sobreviviente, pagarle todas las mensualidades dejadas de percibir desde la muerte de su esposo, cumplir en un plazo de tres meses y pagar una astreinte de RD$2,000 por cada día de retraso.

En su decisión, el Tribunal reiteró que la falta de autorización del descuento del 2 % no puede invocarse para negar la pensión, porque no corresponde a la viuda ni a los hijos sufrir las consecuencias de esa omisión. Esa responsabilidad, según el Tribunal, es única y exclusiva de la Administración. Añadió que la pensión por sobrevivencia es un derecho adquirido e irrenunciable, protegido por el artículo 60 de la Constitución, y aplicó los principios pro homine y de favorabilidad.

El artículo 6 de la Ley núm. 379-81, que regula las jubilaciones y pensiones del Estado, dispone que, al morir el pensionado, sus beneficiarios reciben solo el equivalente a doce mensualidades de pensión. Únicamente si el pensionado autorizó en vida el descuento del 2 % (párrafo I), la familia conserva la pensión de manera permanente. En la práctica, un trámite que muchos pensionados ni siquiera conocían decide si su viuda o sus hijos tendrán un ingreso de por vida o apenas un año de pagos.

La decisión no es aislada. Desde la Sentencia TC/0432/15, del 30 de octubre de 2015, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el párrafo I del artículo 6 no es un mandato imperativo, pues la ley dice que el pensionado “podrá” autorizar el descuento. Ese criterio ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25 y TC/0029/26, y ahora en la TC/1135/26.

Sin embargo, a pesar de esta línea jurisprudencial constante, las negativas continúan. Cada familia afectada se ve obligada a acudir a los tribunales para que se le reconozca, caso por caso, un derecho que la Constitución ya le garantiza en sus artículos 38 (dignidad humana), 55 (familia), 57 (personas de la tercera edad) y 60 (seguridad social). En el caso resuelto ahora, la viuda tuvo que recorrer el Tribunal Superior Administrativo, que declaró inadmisible su amparo, y luego el Tribunal Constitucional, casi dos años después del fallecimiento de su esposo.

La solución de fondo: la acción de la DIDA

Por esa razón, la DIDA sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley núm. 379-81. Mientras las sentencias de amparo benefician solo a quien demanda, una decisión sobre esta acción tendría efectos generales y protegería a todas las familias de pensionados y jubilados del Estado que hoy se encuentran en la misma situación, sin necesidad de abogados, gastos ni años de litigio.

“El Tribunal Constitucional lleva más de diez años diciendo que la falta de ese 2 % no puede dejar a una viuda sin pensión. Lo justo es que ninguna familia tenga que demandar al Estado para cobrar lo que le corresponde. Por eso pedimos al Tribunal que conozca nuestra acción y resuelva este problema para todos”, afirmó el director general de la DIDA, Elías Báez.

La DIDA reiteró su llamado respetuoso al Tribunal Constitucional para que conozca y decida la acción interpuesta, de modo que se establezca una solución constitucional de alcance general que garantice el derecho a la pensión por sobrevivencia de los familiares afectados.