Por:Antonio María Delgado
El Nuevo Herald
La República Dominicana, antes catalogada como uno de los principales puntos de tránsito y lavado de dinero del narcotráfico en el Caribe, ha experimentado desde 2020 una transformación profunda en sus políticas de seguridad y control. Bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el país emprendió una ambiciosa reforma institucional centrada en combatir la corrupción, fortalecer el Ministerio Público y renovar el liderazgo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En este proceso, la fiscal Jenny Berenice Reynoso y el contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa han desempeñado roles decisivos, reabriendo casos considerados intocables y profesionalizando la estructura operativa de la DNCD. Paralelamente, el Estado modernizó los sistemas de vigilancia aérea y marítima, reforzó los controles en puertos y aeropuertos y estrechó la cooperación con Estados Unidos y Europa.
Los resultados han sido significativos. Entre 2020 y 2025, las autoridades incautaron más de 227 toneladas de drogas, una cifra que triplica los registros históricos. Asimismo, se incrementaron las extradiciones hacia Estados Unidos y se fortaleció la supervisión estatal, lo que ha generado un clima de confianza internacional sin precedentes. Washington incluso alentó al país a presentar un candidato para dirigir la agencia antidrogas de la ONU.
Pese a los avances, persisten desafíos. Aunque no se han detectado casos de tráfico de fentanilo, las autoridades dominicanas se preparan para su eventual llegada mediante nuevas unidades especializadas y un mayor control sobre precursores químicos. También se mantienen alertas ante posibles esquemas de lavado de activos vinculados al narcotráfico en sectores como el inmobiliario y el automotriz.
Para expertos y funcionarios, la República Dominicana se ha convertido en un nuevo modelo regional. No obstante, advierten que la continuidad del progreso dependerá de mantener las reformas, resistir presiones políticas y evitar la complacencia.
