En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que la madre de la menor, de 15 años, obligaba a Wander Samuel Franco a que se mantuviera entregando dinero, por silencio del crimen de abuso infantil que también estaba cometiendo el imputado.
El órgano persecutor señala que los resultados de la investigación confirman la participación de esta individua en los siguientes actos: «adquirir bienes producto de la explotación sexual y comercial de manera intencional y con fines de lucro, del imputado Wander Samuel Franco Aybar. Utilizar el dinero entregado como pago por la explotación sexual y comercial de su hija menor de edad, para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Utilizar u colocar altas sumas de dinero en pesos y dólares en el sistema financiero nacional, para adquirir bienes, pero, de igual manera hacer pagos en efectivos por el umbral de la ley (155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo). Y convertir el dinero obtenido producto de la explotación sexual y comercial en otros activos para alejar el dinero de su origen ilícito, en este caso en vehículos e inmuebles para no levantar sospechas de las autoridades».
El documento, que consta de 63 páginas, también sostiene que las investigaciones demuestran que el perfil financiero de la imputada no corresponde con licitud relacionada a los bienes obtebidos y la vida ostentosa que fue confirmada medio de vigilancia. Agrega que la madre de la menor mejoró su situación personal, desde finales del año 2022 hasta septiembre de 2023.
