El arresto de los imputados en la denominada Operación Caimán puso la mirada de las autoridades en seis grandes grupos de narcotraficantes vinculados a 28 toneladas de cocaína decomisada en los últimos años con un valor estimado de 32 millones de dólares, para lo cual contaron con la complicidad de sectores en el poder político.
Las llamadas telefónicas interceptadas como el Ministerio Público fueron la clave para desmantelar la supuesta red de narcotráfico que operaba en el sur del país y que llegaba hasta Colombia.
Según la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 detenidos por la denominada Operación Caimán, el litoral costero sur ha sido un atractivo para los carteles colombianos desde la década de los 90 y ha constituido narcofamilias.
En ese mismo orden detalla que la recién desmantelada organización operaba simultáneamente en Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y San Cristóbal, manejaba cantidades exorbitantes de dinero producto del narcotráfico, que era invertido en pagos de sobornos desde figuras políticas, comerciales, empresariales y militares para realizar sus operaciones ilícitas y/o contar con su amparo.
El documento también indica que el apresamiento de varios implicados en la Operación Larva en diciembre del 2021 fue lo que abrió la nueva línea de investigación que puso en la mira a los 10 implicados de este caso identificados como
