FUNGLOJUSO demanda aprobación del nuevo Código Penal

Manuel Ortiz
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SANTO DOMINGO.-   El presidente de la Fundación Global Justicia Social (FUNGLOJUSO), el Lic. Rigoberto Saldivar Olivo, afirmó hoy que ya es indispensable de que podamos constar con una normativa legal que pueda dar respuesta a las necesidades que demanda la sociedad Dominicana. 

Es tiempo ya de que se tome una decisión sobre las tres causales y que los sectores adversos ponderen los reclamos de las distintas organizaciones defensoras de las mujeres, para que sean integradas en el Código Penal las tres causales por ser este un tema de orden público como lo establece la realidad actual por ser un tema de salud pública y de protección a los derechos de niñas y mujeres. 

«Demandamos dar una solución efectiva sobre la aprobación del código penal por ser un tema de estado» así lo informó el presidente de la entidad Saldivar Olivo. 

En tanto solicitó un encuentro con el presidente y miembros de la Comisión de Justicia los diputados: Alexis Jiménez, Lily Florentino y José Horacio Rodríguez, a los fines de hacer nuestros aportes como entidad civil 

Finalmente expresó que apoyan las tres causales con las eximentes penales a la interrupción del embarazo cuando: corre riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto o cuando es inviable, es decir, que no hay posibilidad de vida fuera del vientre. 

FUNGLOJUSO externo que, además de analizar la incorporación de estas excepciones, se podrían ponderar también como alternativas la eliminación del tipo penal (artículos del 107 al 110) para luego regular las tres causales en una ley especial, o introducir un texto transitorio que remita la regulación de estas tres causales a una ley especial. 

«Es urgente y necesario contar con un código ágil, un código actualizado que dé respuesta a los nuevos delitos del siglo XX acorde a la actualidad social dominicana» dijo. 

«Queremos aclarar que, las tres causales no impondrían una obligación para ninguna mujer, sino que, por el contrario, evitarían que vaya a la cárcel el personal médico y/o la mujer que requiera interrumpir el embarazo cuando se vea enfrentada a una de estas situaciones extremas que ponen en riesgo su vida, salud o dignidad». 


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