SANTO DOMINGO.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso interpuesto por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez con la cual busca obtener su libertad.
El recurso de apelación fue interpuesto por los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol y José Martínez Hoepelman, quienes asumen la defensa de Alain Rodríguez, acusado de formar parte de un entramado de corrupción para estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Ahora el presidente de la Cámara Penal de la Corte, Julio César Canó Alfau, deberá asignar mediante el sistema aleatorio computarizado a una de las tres salas penales para que conozca del recurso de apelación en contra de la decisión que lo envía al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
En la instancia el consejo de defensa del exfuncionario del Gobierno de Danilo Medina, pide al tribunal que resulte apoderado variar la prisión dictada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los juristas entienden que el tribunal de alzada debe variar la decisión y en consecuencia prescindir de toda medida cautelar en cuanto al recurrente, quien prometió no sustraerse del proceso, ni mucho menos procurar dirigencias de obstrucción de la investigación que pesa en su contra, así como que está presto a acudir a cuantas citaciones legales sea necesaria.
En la instancia la defensa de Rodríguez puso como garante al empresario Moisés Augusto Enrique Franco, cuyas pretensiones probatorias son dimanar confianza en que el imputado no se distraerá del proceso ni evadirá la justicia.
Además del exfuncionario, también están en prisión los colaboradores de la Procuraduría durante su gestión y ahora imputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, pero se desconoce si apelaron la decisión del tribunal.
Mientras que, a los imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, les impusieron arresto domiciliario y una garantía económica.
Al grupo se acusa de soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.