ESTADOS UNIDOS.– El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado martes sanciones contra siete funcionarios rusos, entre ellos el jefe de la Inteligencia, Alexandr Bórtnikov, por el envenenamiento y encarcelamiento del líder opositor, Alexéi Navalni, en el primer movimiento contra Moscú por parte del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, remarcó en un comunicado que el objetivo de las sanciones es enviar “un claro mensaje de que el uso de armas químicas y abuso de los derechos humanos tiene graves consecuencias”
Se trata de las primeras sanciones impuestas a Moscú por parte de Biden, quien asumió el poder el pasado 20 de enero.
En su reciente participación en febrero la Conferencia de Seguridad de Múnich, Biden declaró que la “alianza transatlántica” entre Estados Unidos y Europa “ha vuelto” tras cuatro años de tensiones, en referencia al ya expresidente Donald Trump, quien apostó por un nacionalismo agresivo. Sobre Moscú, Biden advirtió: “Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto, o tan corrupto como el suyo, pero el mundo sabe que no es cierto, incluidos los propios ciudadanos de Rusia. (El presidente Vladímir) Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza de la OTAN”.
Junto a Bórtnikov, también figuran en la lista de castigados Ígor Krasnov, el fiscal general ruso; Serguéi Kiriyenko, jefe adjunto de gabinete del presidente de Putin, y el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko.
Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los bienes que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transferencias financieras con entidades de EE.UU. Asimismo se imponen restricciones a ciertas exportaciones rusas, y se suspende la emisión de visados a los individuos incluidos en la lista de sancionados.
Washington recalcó, además, que cuenta con informes que confirman “con
gran confianza” que Navalni fue envenenado por agentes del servicio de Inteligencia ruso con el agente químico Novichok.
El líder opositor ruso, de 44 años, cumple actualmente una pena de prisión de dos años y medio por un antiguo caso penal de fraude y lavado de dinero, y su condena de cárcel provocó a finales de enero multitudinarias protestas en toda Rusia, en las que fueron detenidas miles de personas.
