Profunda consternación ha causado la muerte de un mecánico en las inmediaciones del canal de riego Ulises Francisco Espaillat, en Santiago Oeste, tras supuestamente haber enfrentado a una patrulla policial.
El fallecimiento de Juan Adames, de 51 años, ocurrió en el sector Brisa del Canal y es investigado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Tenía un taller de reparación de motocicletas en la zona y, presuntamente, se dedicaba a comprar motores robados, por lo que tenía una orden de arresto en su contra.
Según la Policía, Adames enfrentó a una patrulla policial que, al ver la agresión, tuvo que responder de la misma manera, entablándose un supuesto intercambio de disparos donde el mecánico perdió la vida.
Sin embargo, familiares y allegados de la víctima rechazan categóricamente la versión policial y aseguran que Adames no estaba armado y que fue ejecutado sin posibilidad de defenderse.
“Mi hermano era mecánico, no un delincuente, queremos saber por qué lo mataron y que se investigue hasta las últimas consecuencias”, expresó un pariente cercano, visiblemente afectado, mientras exigió que el caso no quede impune.
Los familiares aseguran que Adames no representaba una amenaza y que su muerte se produjo sin que mediara un enfrentamiento real, por lo que reclaman una investigación independiente y transparente.
El suceso ocurrió anoche, debajo del puente del canal Ulises Francisco Espaillat. En el lugar, agentes de la Dicrim realizaban un operativo cuando se produjo el mortal desenlace.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el arma supuestamente ocupada, ni sobre la cantidad de disparos realizados, ni si existen cámaras o testigos que respalden la versión oficial del alegado intercambio de disparos.
Con este caso, al menos cuatro personas han muerto a manos de agentes policiales en Santiago desde diciembre de 2025, una cifra que ha encendido las alarmas entre organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de revisar los protocolos de uso de la fuerza.
Los parientes de la víctima reiteraron su llamado al Ministerio Público, a la Inspectoría General de la Policía y a organismos de derechos humanos para que se realice una investigación exhaustiva, se establezcan responsabilidades y se determine si hubo exceso en el uso de la fuerza.
