El expresidente Leonel Fernández, denunció una práctica que calificó como irregular y reiterada en instituciones del Estado, señalando que tuvo sus orígenes en el ITLA y que, según afirmó, se ha vuelto constante en los últimos tiempos, al tiempo que recordó que se trata de un centro de excelencia académica, cuyos estudiantes han tenido destacadas participaciones internacionales y cuyos docentes provienen de países como India, Reino Unido, Israel y Estados Unidos.
Al salir de la Junta Central Electoral (JCE), donde obtuvo su nueva cédula de identidad, Fernández cuestionó que, pese a ese nivel académico, una gestión rectoral intentara exigir a los empleados un aporte del 5 % de su salario para la creación de un fondo con fines de participación política, lo que consideró una muestra de desconocimiento del rol institucional y una grave falta administrativa.
Indicó que situaciones similares se estarían reproduciendo actualmente en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y advirtió que esta práctica podría estar extendiéndose a otras dependencias del Estado.
El denunciante sostuvo que este tipo de acciones deben ser sancionadas y erradicadas, al tratarse del uso de recursos públicos con fines políticos, lo que genera una condición de inequidad frente a las demás organizaciones partidarias y vulnera los principios de neutralidad del Estado.
ITLA
Se recuerda que, una investigación periodística denunció que aportes periódicos equivalentes a un porcentaje del salario de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) habrían sido utilizados para financiar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el rector de la institución, Rafael Féliz García.
La denuncia se sustenta en documentación, testimonios y comprobantes bancarios que presuntamente vinculan a parte del personal del ITLA con contribuciones económicas destinadas a dicha estructura política.
FEDA
Asimismo, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, advirtió este martes que las acusaciones de presuntos descuentos salariales a empleados en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), que dirige Hecmilio Galván, para financiar un movimiento político, constituye una violación a las leyes electorales y al Código Penal.
Blanco sostuvo que, de comprobarse una falta administrativa por el Ministerio de Administración Pública (MAP), además de las sanciones que corresponden como la destitución del funcionario y la acción penal, le corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) analizar ese comportamiento que se está dando en la administración pública.
