Los procesos judiciales abiertos por hechos de corrupción durante el actual período de gobierno han reactivado un debate que la oposición intenta manipular: igualar un modelo de impunidad con uno de investigación y consecuencias reales. Esa narrativa no resiste el contraste con los hechos.
Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la corrupción fue tolerada, protegida y, en muchos casos, convertida en método de control político. Casos emblemáticos como Odebrecht, Los Tucanos, el escándalo Super Tucano, las irregularidades en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y múltiples sobrevaluaciones en obras públicas, terminaron sin sanción política ni judicial mientras ese partido gobernaba.
Nadie era destituido.
Nadie era investigado en funciones.
Nadie asumía responsabilidades.
Ese patrón cambió.
Hoy, los casos que involucran a figuras vinculadas al presente período han sido enfrentados con destituciones e investigaciones, sin importar cercanías circunstanciales. El caso de Hugo Beras es una muestra clara: no hubo blindaje ni excusas, sino acción institucional.
En ese contexto, es imprescindible hacer un deslinde político que la oposición pretende borrar:
los casos asociados a Macarrulla, Hugo Beras, Hazim, Niníto y H. Galván no definen ni representan la estructura orgánica ni la militancia histórica del PRM.
No son cuadros formados en el partido.
No emergen de una cultura política interna.
No expresan una tradición de poder partidario.
Coincidieron electoralmente, aportaron a una victoria, pero eso no los convierte en la esencia política del gobierno. Marcar esa diferencia no es evasión: es responsabilidad política básica.
El PLD insiste en igualar realidades porque le resulta conveniente borrar la frontera entre la impunidad que construyó y la rendición de cuentas que hoy se ejerce. Pretende que el país olvide que durante años se gobernó sin consecuencias, mientras hoy la justicia actúa incluso cuando los implicados están cerca del poder.
La diferencia es simple y contundente:
antes se robaba y se protegía; hoy se investiga y se procesa.
Antes la corrupción era política de Estado; hoy es un riesgo personal.
Y por más ruido que haga la oposición, los hechos siguen hablando más alto que el discurso.
Fuente: SinRodeosNews.
